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 Cuando, en 2014, el país conoció los detalles de cómo se administraron ciertas instituciones de la educación superior (IES) privadas en las que se desviaron recursos para actividades personales de sus directivos, se profundizó la reflexión sobre la responsabilidad de la educación superior como un servicio – derecho, de carácter público, que debe rendir cuentas a la sociedad.

 La ministra de Educación del entonces decidió impulsar una Ley, la 1740 de ese año, hoy conocida como de Inspección y Vigilancia, con la que pretendió dotar de instrumentos a su despacho para evitar que esas situaciones se extendieran a otras IES.

 Esa ley ha servido para que, por ejemplo, el Ministerio también haya intervenido varias IES privadas, y en un capítulo ingrato para la UNAD, dicha ministra pretendió sancionarnos sin fundamento alguno, a tal punto que el Consejo de Estado terminó llamándole la atención por la manera desafortunada como actuó sobre nuestra Universidad, en algo que hoy recordamos como una lección aprendida sobre el abuso del poder estatal, pues hoy la UNAD es más sólida, fuerte y consolidada que nunca.

 Según esa Ley 1740, para finales de 2.015, el país debería contar con una Superintendencia de Educación, para garantizar el derecho a la educación, los fines constitucionales y legales de la educación, la autonomía universitaria, los derechos de los diferentes grupos de la comunidad académica, la calidad, eficiencia y continuidad en la prestación del servicio educativo”.

 Pero pasó el tiempo y el Ministerio de Educación de la época, responsable de impulsar dicha iniciativa, no la gestionó, y en 2.017, mediante la sentencia C-31, por vicios de procedimiento, la Corte Constitucional declaró inexequible esta posibilidad.

 Ahora, en la actual legislatura, el respetado senador antioqueño Iván Darío Agudelo (mismo promotor del naciente Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otros logros legislativos), con muy válidas preocupaciones por la calidad y la rendición de cuentas de la educación, ha radicado en el Congreso de la República el Proyecto de Ley que revive la Superintendencia, extendida a todos los niveles educativos, y con funciones de “inspección, vigilancia, control, facultad, atribución y potestad sancionadora sobre organismos, instituciones y entidades adscritas y/o vinculadas, al sector del servicio público de educación”.

 Si bien el senador ha tenido una plena apertura al diálogo con todos los actores del sector, en el sentir de ACESAD (entidad que oriento en calidad de Presidente) y de la rectoría de la UNAD, el debate va más allá de qué ajustar, eliminar o agregar en dicho proyecto, y se centra en la real inconveniencia de crear otro organismo de control, burocrático y con más trámites para el sistema de educación superior.

 La reflexión es muy sencilla, y debe ser rigurosa. La Ley 1740 ha servido para que el Ministerio actúe, tardíamente, en algunas IES que, sotto voce, se sabe que venían en condición crítica de mucho tiempo atrás, y sobre las que el Ministerio sólo ha intervenido para paliar más que para solucionar sus problemas de raíz. Todas las intervenidas no logran superar a fondo su difícil situación. Es más, a pesar de la Ley de Inspección y Vigilancia se mantienen prácticas non sanctas que son condenables, y que la propia norma no ha podido controlar. Para no ir más lejos, en casos como la UNAD, la Ley fue usada indebidamente con fines no académicos ni sociales, sino politiqueros.

 ¿Será la Superintendencia de Educación propuesta la solución a estos problemas?, ¿qué independencia de acción y decisión podría tener una entidad que seguirá adscrita al Ministerio de Educación?, ¿más controles, procedimientos, trámites administrativos y regulaciones en un sistema que está saturado de organismos de inspección, vigilancia y control?. Definitivamente, nuestra consideración es propositiva, ya que en ningún momento debe entenderse como un rechazo a cualquier iniciativa del Legislativo o del Ejecutivo.

 En el caso de la UNAD, tenemos las plataformas tecnológicas que dan soporte a nuestros sistemas de información, disponibles al escrutinio oficial y sus resultados están permanentemente abiertos a la valoración pública. Estos garantizan la transparencia de la gestión institucional en pos de una educación pertinente y de calidad, que busca ampliar la cobertura poblacional para el acceso y permanencia de nuestros jóvenes y adultos en todo el territorio nacional, como prueba de un compromiso con el país que nos inspiran a actuar a miles de Unadistas a lo largo y ancho de Colombia.

Si se trata de organismos y mecanismos de rendición de cuentas a la sociedad y al Estado sobre el actuar de las IES, Colombia puede vanagloriarse de contar con demasiados; es más, estamos sobre-diagnosticados, sobre-evaluados y sobre-controlados.

A manera de contexto, bien vale hacer la siguiente descripción:

Si el sistema de educación necesita revisar el adecuado manejo de los recursos de las universidades, tenemos las contralorías, tanto la General de la República como las regionales para las IES públicas, además de la Superintendencia Financiera en el caso de las privadas.

 Si se necesita garantizar que las instituciones actúen conforme los objetivos de la Ley de Educación Superior (30 de 1992) y sus propias normas estatutarias, está la ya citada Ley 1740, de 2014, más las acciones propias de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad del Ministerio de Educación Nacional.

 Si se requiere garantizar el correcto proceder de los servidores públicos, se recurre a la Procuraduría General de la Nación, y en caso de existir conductas dolosas de cualquier ciudadano o directivo universitario, está la Fiscalía General de la Nación.

 Incluso, si en una universidad los directivos malgastan los recursos públicos, ocasionan detrimento patrimonial o realizan prácticas por fuera de la ley, además de la propia opinión pública, los medios de comunicación se encargan de desenmascarar esta circunstancia.

 Y la lista continúa. Además del Ministerio de Educación y la influencia de los otros ministerios en el tema (p.e. los de Salud y Trabajo), también están el ICFES, Icetex, Fodesep, Findeter, el CNA, Conaces, más las entidades de control para las acciones de gestión de las IES, como la DIAN, la UGPP, entre otras.

 Así mismo, están las entidades gremiales de autocontrol y fomento de las instituciones, como Ascun, Aciet, ACIUP, SUE, ACESAD -que personalmente presido para promover la calidad y oferta de programas virtuales y a distancia-, la Red TTU…, más las asociaciones de facultades, los colegios profesionales…, entre otros.

 Y las muy diversas expresiones de las comunidades universitarias (movimientos estudiantiles, profesorales y sindicales…) y otros poderes públicos (como el Congreso de la República, las asambleas departamentales y concejos municipales, así como las altas cortes -Constitucional, de Justicia y Consejo de Estado-)…

 Y las distintas agencias, oficinas de educación superior creadas en varias ciudades del país… entre otras múltiples organizaciones y entidades de promoción y control.

 ¿Y aún así, con este panorama, se piensa en crear otra entidad, con la respectiva burocracia, asignación presupuestal y choque de poderes, como la pretendida Superintendencia?. ¿Quién controlará a quién?.

 Frente a esta extensa enumeración, surge entonces la pregunta de ¿cuál puede ser la solución para, como dice el proyecto de ley de la Superintendencia, asegurar a la comunidad académica, “la calidad, eficiencia y continuidad en la prestación del servicio educativo”?

 La solución podría estar en la reestructuración estratégica de los criterios de actuación, pero también en el uso intensivo de tecnologías exponenciales que afiancen sistemas de informacón ligados a la infotecnología y al uso transparente de la big data de cada IES. En el caso de la UNAD hemos logrado avances significativos en la creación de un sistema inteligente de información soportado en cadenas de bloque.

 La Superintendencia y las múltiples entidades ya existentes son simplemente medios convencionales y lineales que pretenden regular una operación, pero pareciera que hemos perdido o difícilmente hemos hallado el norte de nuestro sistema de educación superior para que este afiance el fomento y no la extrema inspección que apabulla injustamente como ya ha sucedido inclusive a quienes se esfuerzan por brindar una educación de calidad, con equidad y pertinencia.

 Cuando, como pasa en fuertes sistemas democráticos y mercados competitivos, hay claridad en las reglas de juego y en el norte que se busca, las normas, los reguladores y los trámites no son abundantes por el contrario son pocos y efectivos. Se juega a la confianza y no a la desconfianza, y en el caso universitario se respeta, reconoce y promueve su actuar como un desarrollo propio de la autonomía, derivada del responsable ejercicio reflexivo del saber y no de actuaciones burocráticas sujetas a normas poco efectivas y generalmente descontextualizadas.

 Como señala la ya clásica historia de “Alicia en el País de las Maravillas”, si uno no sabe para dónde va, cualquier camino es bueno, y eso es lo que parece estarnos sucediendo. Tristemente no tenemos forma de responder, con plena seguridad, hacia dónde se dirige nuestra educación superior, como sistema. Individualmente las instituciones y los académicos hacemos esfuerzos maravillosos por dar oportunidades para una mejor vida, a través de la educación, pero como país aún nos debemos muchos análisis y discusiones de cómo y hacia dónde queremos orientar la educación superior. El Ministerio de Educación y sus directivas actuales tienen la experiencia y la voluntad para lograr transformaciones significativas, ojalá esta reflexión en algo aporte.

 Por ello, ante la falta de un norte, cada cual traza su propia ruta, y cada uno de quienes no tienen la educación como una vocación de vida, buscan sus caminos para lucrarse o usar la educación en beneficio propio. Sin norte definido, el camino queda despejado para seguir creando entidades, burocracia y, en medio de ellas, los avivatos encuentran los resquicios para evadirse.

 Curiosamente, en este tema de la Superintendencia, menos es más.

 Atentamente,

  

Jaime Alberto Leal Afanador Ed.D

Rector UNAD

Presidente ACESAD

Presidente AIESAD

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Última actualización ( 2019-12-09 ) © Copyright UNAD 2019  ( Atención al usuario ) ( Política de privacidad ) ( Mapa del sitio )